La Audiencia Provincial de Sevilla ha anulado la fianza de responsabilidad civil de 29.568.129,20 euros que impuso la jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE, a la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Álvarez.
En un auto dictado este viernes, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial estima el recurso interpuesto por la defensa de Álvarez y revoca la fianza civil que le impuso la magistrada, así como las medidas "que en su cumplimiento haya podido adoptar" el Juzgado.
Se justifica la revocación de la fianza porque "no cabe decir que la instrucción haya avanzado lo suficiente como para entender necesaria y exigible" la medida adoptada por la juez.
La Fiscalía se adhirió a la petición de la defensa de la exministra y la Audiencia señala que no cabe recurso alguno contra la decisión adoptada respecto a la fianza ahora revocada.
En su auto, la Audiencia deja sin efecto las medidas que para cumplir la fianza haya podido adoptar el juzgado de Alaya, entre ellas el embargo en mayo de seis inmuebles y cinco cuentas bancarias de la exconsejera.
Compleja instrucción apenas comenzada
La Audiencia también subraya que "la compleja instrucción" sobre el caso "no solo apenas ha comenzado, sino que, además, se ha cortado o interrumpido (al menos, en cuanto a ese concreto objeto fáctico) al trasladarse a la Sala Segunda del Tribunal Supremo por razón de aforamiento de varios supuestos partícipes".
Añade la Audiencia que "prácticamente está por practicar una muy importante parte, al menos, de las diligencias instructoras de naturaleza personal".
El auto recuerda que el Supremo es "el órgano máximo de la cúspide jurisdiccional ordinaria, a quien obviamente no le puede resultar ajena una medida cautelar real" como la fianza que Alaya impuso a Álvarez, y que, si asume la competencia del caso, será el que tendría que adoptarla.
La juez impuso la fianza a la exministra tras calcular esa cifra "grosso modo" teniendo en cuenta las ayudas concedidas hasta el 31 de diciembre de 2003 y puesto que Álvarez ocupó el cargo de consejera de Economía de la Junta de Andalucía desde 1994 hasta febrero de 2004.
Alaya la considera artífice, "en connivencia con otros", de un "procedimiento ilegal de concesión de subvenciones" que se prolongó entre 2000 y 2011, y señala que los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos.
La fianza tenía como finalidad, según la juez, la devolución "en la medida de lo posible del dinero que de manera indiciariamente ilícita ha salido del erario de la Junta".
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